Equo apuesta por la gestión eficaz y pública de la administración

Equo apuesta por la gestión eficaz y pública de la administración, los servicios municipales y nuestros recursos.

Desde EQUO Estepona se defiende la gestión eficaz de los servicios públicos, acometiendo las medidas para su racionalización e incluyendo reducción de gastos innecesarios y optimización de las plantillas municipales.

No se entiende, por tanto, la dejación de funciones del gobierno del PP local que prometió precisamente eso en campaña electoral, gestión eficaz de la administración, y que ahora cede gran parte de sus competencias a empresas privadas ajenas al consistorio, reconociendo de esa forma su incapacidad para la gestión.

Desde EQUO Estepona alertamos de la imposibilidad de que ninguna empresa acceda a los concursos públicos si el beneficio que obtendrá la empresa adjudicataria proviene, como la ley obliga, exclusivamente de la prestación del servicio privatizado.

Teniendo en cuenta que algunos de los servicios propuestos (playas, limpieza de edificios públicos o jardines municipales) no conllevan ingresos propios sino pagos a través de los presupuestos generales, y que la adjudicación supondrá la obligación legal e ineludible de traspasar los derechos de los trabajadores adscritos a los mismos, EQUO Estepona entiende que las posibilidades de mejora en la gestión son mínimas y, en cualquier caso, sería posible realizarlas desde el propio ayuntamiento. Además, las promesas de “incremento de la inversión” chocan con la nula capacidad que tiene el Ayuntamiento para acometerlas o financiarlas a ninguna empresa externa, poniendo de manifiesto el inevitable incremento del coste de los servicios.

Sin embargo, el PP concede una capacidad de mejora en la gestión, que entiende exclusiva, a las empresas privadas. EQUO Estepona entiende que, con tan poco margen de maniobra, sólo podrán lograrla reduciendo la calidad de los servicios prestados o incrementando el coste del servicio que, por tanto, sería inevitable cargarlo a las espaldas de los vecinos vía incremento de la presión fiscal, puesto que ninguna otra promesa de negocio a las empresas adjudicatarias estaría amparada por la ley.